Hugo Carvajal hace todo lo posible por frenar su extradición a EEUU, donde enfrentaría cargos por presunto narcoterrorismo
El exjefe venezolano de contrainteligencia, Hugo “El Pollo” Carvajal, reveló que los Servicios de Inteligencia españoles le pidieron información sobre la creación del partido socialista Podemos a cambio de protección a su llegada al país en 2019, reseñó El Mundo.
El acusado insiste en que antiguos dirigentes de la tolda política de izquierda fueron receptores de supuestos pagos durante la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El fiscal de Estados Unidos (EEUU) para el Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss y la agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA) Wendy Woolcock, anunciaron hace varias semanas que «El Pollo», fue detenido por acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York.
«La acusación formal acusa a Carvajal Barrios de participar en una conspiración de narcoterrorismo y una conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, incluido un cargamento de 5.6 toneladas de cocaína transportado desde Venezuela a México en abril de 2006, junto con delitos relacionados con armas de fuego», reza el informe.
Carvajal, es acusado por la justicia de EEUU de presuntamente participar en una conspiración de narcoterrorismo que conllevaría a una sentencia mínima obligatoria de 20 años y una máxima de cadena perpetua; conspirar para importar cocaína a la nación norteamericana por lo que podría pagar una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una máxima de por vida; usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de las conspiraciones de narcoterrorismo e importación de cocaína, delitos por los que podría pagar a una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de perpetua.
También se le acusa de conspirar para cometer el delito anterior que establece una pena máxima de cadena perpetua.
Las posibles sentencias mínimas y máximas obligatorias, serían prescritas por el Congreso. El enjuiciamiento estaría a cargo de la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la fiscalía.
En concreto los fiscales federales adjuntos Jason A. Richman, Benjamin Woodside Schrier y Kyle A. Wirshba, llevarían la acusación.
