Tarek William Saab, asegura que la fiscalía presentó «suficientes evidencias» para individualizar al victimario
Por instrucción del Ministerio Público (MP) el fiscal 126 del Área Metropolitana de Caracas (AMC) interpuso un recurso de apelación a la decisión del Tribunal 15º de Juicio de la jurisdicción que absolvió el pasado 27 de septiembre al sargento primero de la Aviación Militar, Arli Méndez Terán del homicidio de David Vallenilla, ocurrido el 22 de junio de 2017 durante protestas antigubernamentales.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró en una rueda de prensa que el homicidio fue perpetrado con alevosía y por motivos fútiles.
«Ese día, grupos violentos asediaron la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, tratando de tumbar la cerca perimetral y lanzando explosivos caseros y piedras a quienes custodiaban el recinto. En ese marco, Vallenilla fue atacado por el victimario con un arma de fuego a corta distancia, lo que le produjo la muerte. Dichos disparos le perforaron el corazón, el hígado y el pulmón, según se desprende del protocolo de autopsia», recordó.
Indicó que en este caso se «evidenció un quebrantamiento del uso proporcional y diferenciado de la fuerza, ya que no había evidencia de que los funcionarios del otro lado de la cerca de la Base Aérea corrieran peligro. Pongo un ejemplo, un funcionario de seguridad no puede responder con balas a un manifestante que arroje una piedra. Ni siquiera hubo un disparo disuasorio hacia el aire. El daño fue letal».
Saab explicó que solo se puede hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.
Aclaró que el argumento principal de la jueza para decretar la absolución del acusado, fue que «no se estableció que fuera él (Méndez Terán) quien accionó el arma. Un grave error según nuestro criterio».
«Debo dejar claro que el MP presentó suficientes evidencias que permitieron individualizar al victimario. Entre ellas, la copia de la asignación del arma involucrada al acusado y las experticias del arma que demuestran que fue la utilizada para atacar al joven. La experticia que demuestra que el funcionario disparó un arma de fuego, así como evidencia de que él era el escopetero en el momento del ataque y declaraciones de testigos e imágenes de vídeo que lo identifican como el responsable», sentenció.
Agregó que también se abrió una «investigación penal en contra de la jueza de este tribunal por su impropia actuación en este caso de violación a los derechos humanos».
