La mayor parte de los casos que lleva el abogado, Jonathan Levitt, están relacionados con el uso de hidroxicloroquina en los pacientes
El ciudadano estadounidense, Steve Cicala de 58 años, cuya esposa murió en marzo de 2020 tras recibir un tratamiento fallido contra el COVID-19, exige al Gobierno compensación económica.
Relató para Reuters que llevó a su pareja de nombre Susan de 60 años al Centro Médico Clara Maass en Nueva Jersey por síntomas de tos y fiebre sin saber que se trataba del COVID-19.
Cuando la respiración y presión arterial de Susan empeoraron, los médicos le administraron azitromicina e hidroxicloroquina y la conectaron a un ventilador.
Lamentablemente 11 días después, murió casualmente en el mismo hospital donde trabajó por muchos años como enfermera.
«No hay nada que la pueda traer de regreso», «pero obviamente con nuestros dos hijos y ahora dos nietos, si hay algo que podamos hacer para ayudarlos, sería bueno», manifestó.
De acuerdo al reporte del medio, Cicala es la primera persona que se conoce en hacer una petición como esta al fondo del Gobierno que tiene disponible hasta 30 mil millones de dólares para compensar lesiones graves o muertes provocadas por tratamientos o vacunas durante la lucha contra el SARS-CoV-2.
Si la solicitud de Cicala, es aprobada podría recibir cerca de 367.000 dólares del fondo, si puede demostrar que el tratamiento causó la muerte de Susan.
No obstante, el camino de Cicala no será fácil, teniendo en cuenta que el hospital -cuyas autoridades se negaron a hacer comentarios- está protegido en gran medida de responsabilidad por una ley de salud de emergencia.
Además, hasta la fecha el Programa de Compensación por Lesiones Contramedidas (CICP) supervisado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha negado el 90% de las indemnizaciones, principalmente por vacunas contra la H1N1.
Durante la pandemia los reguladores, revocaron la autorización del uso de emergencia para de la hidroxicloroquina tras un estudio que determinó su ineficiencia para tratar el COVID-19 porque podría provocar riesgos cardíacos en ciertos pacientes.
El abogado de Cicala, Jonathan Levitt, destacó que lleva 12 casos como estos y tiene más de 200 clientes que buscan compensación por muertes relacionadas con tratamientos fallidos de COVID-19.
“Nuestros casos son principalmente sobre hidroxicloroquina”, agregó.
