Entre estas medidas está el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción de los Estados Unidos
Como un intento “inaceptable” de interferir en el imperio de la Ley, calificó la Corte Penal Internacional (CPI), las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “con el objetivo declarado de influir en las acciones de los funcionarios de la CPI en el contexto de las investigaciones”, indicó el tribunal.
En un comunicado, la institución judicial recalcó que respaldan “firmemente a su personal y a sus funcionarios y se mantiene firme en su compromiso de cumplir, de manera independiente e imparcial, el mandato que le confiere el Estatuto de Roma y los Estados que son parte de él”.
Cabe destacar, que horas antes, Trump autorizó sanciones económicas contra personal de la CPI y ampliar las restricciones de visados contra funcionarios de la Fiscalía de La Haya dedicados a investigar a tropas estadounidenses por la guerra de Afganistán, en una nueva señal de rechazo al tribunal internacional.
Entre estas medidas está el bloqueo de propiedades que estos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.
El presidente de la Asamblea de los Estados Partes, el órgano legislativo de la corte, también rechazó las sanciones y dijo en otro comunicado que “socavan el esfuerzo común para combatir la impunidad y garantizar la responsabilidad por las atrocidades masivas”.
Asimismo, explicó que convocará para la próxima semana una reunión extraordinaria de la Mesa de la Asamblea con el objetivo de renovar “el compromiso inquebrantable con la corte” de los 123 Estados Parte.
Este episodio es el último de la difícil relación entre el tribunal de La Haya y Washington, especialmente tensa desde que la Fiscalía pidiera en noviembre de 2017 abrir una investigación por la guerra de Afganistán.
Los jueces denegaron en un primer momento la solicitud, pero una sala de apelación del mismo tribunal revirtió esa decisión en marzo de este año y dio luz verde a la fiscal jefe, Fatou Bensouda, que desde entonces tiene autoridad para emitir órdenes de arresto contra sospechosos.
El sumario de la Fiscalía analiza los supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas por tropas estadounidenses, grupos talibanes y las fuerzas de seguridad afganas.
El mismo documento advierte de que existe una “base razonable” para creer que miembros de la CIA practicaron torturas contra detenidos en centros secretos de la inteligencia estadounidense localizados en Polonia, Rumanía y Lituania.
Estados Unidos no acepta la jurisdicción de la CPI, pero tanto Afganistán como los otros tres países europeos bajo la lupa de la Fiscalía son Estados Partes del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal.
La corte de La Haya solo tiene potestad para ejercer su jurisdicción cuando las autoridades del país concerniente no llevan a cabo investigaciones fidedignas sobre supuestos crímenes de guerra o de lesa humanidad.
