Los recursos permitirán asegurar la deportación de los ciudadanos extranjeros el próximo 2 de octubre con el uso de una aeronave del Ministerio de Defensa.
El Gobierno peruano autorizó la transferencia financiera de más de S/ 400,000 a favor del Ministerio de Defensa, que implica la expulsión del territorio nacional de ciudadanos extranjeros implicados en actos delictivos. Ellos serán deportados del territorio nacional el próximo 2 de octubre del presente año.
“Autorizar la transferencia financiera a favor del Ministerio de Defensa por el importe de S/ 422,847″, señala la Resolución Ministerial 0794-2021-IN, publicada en el diario oficial El Peruano.
Según el dispositivo legal, con los recursos se busca asegurar la capacidad operativa de aeronaves que serán usadas para deportar a los citados ciudadanos extranjeros. Para ello, la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (Mininter) solicitó que apruebe la citada transferencia a favor del sector Defensa.
“El Ministerio del Interior, como parte de las acciones que realiza con el objetivo de garantizar el orden público, el orden interno y la seguridad nacional, solicita al Ministerio de Defensa disponer el uso de un avión para el traslado de ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana presuntamente involucrados en actividades ilícitas y que se encuentran en situación migratoria irregular al haber falseado documentación para su ingreso al país”, indica.
Sin embargo, debido a que la aeronave no cuenta con filtros de aire particulado de alta eficiencia (HEPA) – necesarios para la purificación y recirculación del aire en cabina y que reducen significativamente el riesgo de contagio del virus de COVID- es necesario que los pasajeros cuenten con su carnet de vacunación o en su defecto con una prueba COVID-19 negativa.
Además, los extranjeros deberán usar doble mascarilla y protector facial mientras se encuentren en la aeronave.
Recordemos que, el presidente de la República, Pedro Castillo, en su primer mensaje a la nación el 28 de julio, dio un plazo de 72 horas a todos los delincuentes extranjeros para que salgan del país.
