Autoridades militares y civiles inician investigación del doble homicidio
Este martes se pudo conocer que el menor de 15 años pertenecía a la comunidad indígena wayú, ubicada en el Estado Zulia, en Venezuela.
Un hermano y una tía arribaron a Cúcuta para reclamar el cuerpo del menor, quien fue asesinado el pasado viernes junto a un joven de 18 años, tras ser sorprendidos en un supuesto robo.
“No queremos hablar, sabemos muy poco del caso, solo lo que dicen los medios y la gente”, declaró un familiar, quien resaltó la decisión unánime de no hablar hasta conocerse lo que ocurrió en la mañana del pasado viernes. El cuerpo del joven será trasladado hasta Maracaibo.
Se pudo conocer que el menor había migrado meses atrás hasta la vereda Versalles, zona rural de Tibú, para trabajar en varias veredas en la recolección de los cultivos ilícitos. Pero desde hace unas semanas se había radicado en el casco urbano de Tibú, tras empezar una amistad con el otro joven que también fue asesinado.
“Por la misma migración uno ve varios jóvenes de por acá, muchos trabajan en el campo. Pero a ellos dos casi nadie los había visto en el pueblo y el viernes cuando los agarraron no llegó ningún conocido de ellos, los niños casi no hablaron, tenían miedo”, narró un testigo.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados desde la morgue de Tibú a las instalaciones de Medicina Legal en Cúcuta.
Aunque las autoridades colombianas no han podido identificar a los dos jóvenes, se espera que los familiares del menor que pertenecía a la etnia wayuú puedan reconocer su identidad.
Por otra parte, la Fiscalía General de Venezuela, a través de un comunicado señaló que el joven asesinado respondería al nombre de Alexander José Fernández Rodríguez, y solicitó al fiscal Francisco Barbosa en Colombia que puedan avanzar en la investigación y en la plena identificación de las víctimas.
El doble homicidio ha acaparado la atención de las autoridades militares y civiles, quienes adelantan varias investigaciones en el mismo caso: a las personas que estuvieron involucradas en la retención, a los uniformados por una posible omisión y a los miembros del Gaor 33, señalados de ser los presuntos responsables.
