La muerte del también exministro de Defensa puso fin a sus 12 años de privación de libertad por motivos políticos
Raúl Isaías Baduel, general retirado de la Fuerza Armada Nacional (FAN) falleció este martes 12 de octubre a causa de la covid-19, aún bajo la condena como preso político del gobierno de Nicolás Maduro.
Dicha información fue emitida por el fiscal general Tarek William Saab, quien aseguró que Baduel ya había recibido la primera dosis de la vacuna y que se encontraba en cuidados médicos correspondientes, aunque los responsables de su custodia nunca informaron sobre su contagio de covid-19.
Por lo tanto, la muerte del también exministro de Defensa puso fin a sus 12 años de privación de libertad, sumados entre un encarcelamiento inicial de seis años, un año de prisión domiciliaria y otros cinco años de encierro.
Baduel fue encarcelado originalmente en abril 2009 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) bajo señalamientos de presuntos actos de corrupción durante su gestión como ministro. La condena llegó el 7 de mayo, cuando lo sentenciaron a 8 años de prisión por os delitos de apropiación indebida de bienes del Estado y corrupción.
Se mantuvo como prisionero en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, durante seis años, hasta que recibió una medida sustitutiva de libertad el 12 de agosto de 2015. Cinco meses permaneció bajo el régimen de casa por cárcel, con la prohibición de no poder hablar con medios sobre su caso.
En enero de 2016 fue trasladado a tribunales y nuevamente fue encarcelado tras ser acusado de incumplir su libertad condicional. Con tan solo un año restante de condena vigente, se le imputaron nuevos delitos y fue encerrado en la cárcel de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en El Helicoide.
En este centro de reclusión, y sin una sentencia judicial que justificase su encierro, habría sido víctima de torturas físicas y psicológicas, en una celda especial conocida como «La Tumba» y tuvo que esperar un año para que se concretara su audiencia preliminar, aunque es un proceso que debería completarse en un lapso de 45 días posteriores a la detención.
El constante hostigamiento le provocó problemas de salud, por lo que en diciembre de 2019 fue internado en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI) en Fuerte Tiuna, donde según su abogado, Guillermo Rojas González, el militar retirado no recibió la atención pertinente.
