El Parlamento dio riendas a esta decisión con 75 votos a favor y ninguno en contra, además con el visto bueno del presidente del gobierno, Iván Duque
Algo histórico sucedió en Colombia, y es que el Congreso de ese país aprobó este jueves una reforma Constitucional para imponer cadena perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 14 años de edad.
El Senado dio riendas a esta decisión con 75 votos a favor y ninguno en contra, además de contar con el visto bueno del presidente del gobierno, Iván Duque, para cambiar el artículo 34 del texto constitucional que prohibía «las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación».
La reforma aprobada reza: «De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua».
La iniciativa ya había sido aceptada por la Cámara Baja y deberá ser promulgada por Duque en los próximos días. Hasta ahora la pena máxima en Colombia era de 60 años de cárcel.
«Colombia tiene un gran motivo de felicidad»
«Hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad. Hoy el Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros», expresó el mandatario en un programa de televisión.
En Colombia casi 2 menores de edad son asesinados al día; en 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio, según la autoridad forense.
Agresiones contra niños han aumentado
Mediante largos debates y discusiones, los defensores del proyecto alegaron que los agresores de menores tienden a recaer en la comisión del delito. Por eso la cadena perpetua es una forma de disuadirlos. Además, dijeron que las agresiones contra niños han aumentado en los últimos años y las penas vigentes, aunque eran altas, no siempre se pagaban en su totalidad.
Por su parte, los detractores, entre los que están legisladores de la oposición, académicos y expertos aseguraron que un incremento punitivo no es eficaz en la reducción de las agresiones. Según ellos, era mejor invertir en investigación criminal para reducir la impunidad.
