Nicolás Maduro en su informe contra la infamia, asegura que atiende a las víctimas en conformidad al artículo 29 de la Constitución
El gobierno de Nicolás Maduro emitió su informe denominado La verdad de Venezuela contra la Infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio, donde destacó la realización hasta la fecha de 9.214 actos conclusivos y 74 desestimaciones de investigaciones -sin distinción política- relacionadas a la violación de los derechos humanos (DDHH) en el país desde 2017 hasta la fecha.
El documento, fue presentado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el representante de la nación ante el organismo, Samuel Moncada a propósito de la actualización del informe sobre Venezuela de la alta comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet presentado este 25 de septiembre.
«Se logró la imputación de 603 funcionarios de seguridad del Estado señalados como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos y 35 civiles implicados como colaboradores en estos hechos, siendo las policías de las distintas entidades regionales del país los organismos con mayor número de actos de imputación con 146 funcionarios imputados, mientras que en segundo lugar se sitúa el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 144 agentes imputados, mientras que el Ejército Bolivariano y la Aviación Militar Bolivariana figuran como los componentes con menor número de actos de imputación» reza el documento.
Venezuela detalló que fueron aprehendidos 452 funcionarios de distintos organismos y 24 particulares, señalados como presuntos responsables de vulneración a los DDHH de los cuales 117 corresponden a las policías estadales y ciento 114 a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En este mismo orden de ideas, han sido «acusados 811 funcionarios y 129 civiles, entre los que destacan 237 funcionarios de las policías estadales de las distintas entidades regionales del país, a través de la presentación de 382 acusaciones interpuestas por los fiscales especializados en la materia, asociadas a los delitos de homicidio, tortura, trato cruel, tratos inhumanos y/o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, y demás delitos contemplados en nuestra legislación».
Adicionalmente, fueron sancionados mediante sentencia condenatoria 127 funcionarios de seguridad del Estado, 13 civiles, 36 de efectivos de la PNB y 26 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
«Con relación a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) el Ministerio Público a través de la Dirección de Protección de Derechos Humanos, adelanta 4.489 investigaciones, relacionadas con los distintos tipos penales por vulneración de derechos humanos», enfatizó el Estado.
El gobierno de Maduro «atiende a las víctimas» de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución: El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles.
