Recomienda que se establezca en Venezuela un mecanismo independiente e imparcial para nombrar jueces y fiscales a través de un proceso público transparente
En el reciente informe presentado por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirma que la independencia del sistema judicial de Venezuela ha sido “socavada”; esto debido a que contribuye a la impunidad y a la persistencia de las violaciones de los derechos humanos.
El escrito exhorta al gobierno venezolano a emprender “las reformas del Poder Judicial anunciadas por el gobierno en enero de 2020; con el fin de garantizar su independencia, imparcialidad, transparencia, accesibilidad y eficacia”.
Bachelet apunta que la falta de independencia del sistema de justicia se debe a “la inseguridad en la titularidad de los jueces y fiscales; la falta de transparencia en el proceso de su designación, las condiciones de trabajo precarias y la interferencia política”.
Asimismo, señala que “las víctimas de violaciones de los derechos humanos enfrentan grandes obstáculos para acceder a la justicia; lo que redunda en su revictimización”.
La alta comisionada afirma que la fiscalía “ha hecho esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos imputables a los miembros de las fuerzas de seguridad”.
Sin embargo, “aún debe tomar medidas significativas para reducir los altos niveles de impunidad con respecto a la muerte de manifestantes en el contexto de las protestas y operaciones de seguridad; a las denuncias de tortura y malos tratos y a la violencia de género”.
Recomendaciones para un mecanismo independiente
Bachelet recomienda que se establezca en Venezuela un mecanismo independiente e imparcial para nombrar jueces y fiscales a través de un proceso público transparente.
Además, solicita la independencia e imparcialidad de los tribunales antiterroristas y el fin del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares.
La alta comisionada pide que se hagan investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos; incluso con la “privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad; lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”.
Insistió, en el cese “inmediato” de cualquier “intimidación, amenazas y represalias por miembros de fuerzas de seguridad contra familiares de las víctimas que buscan justicia”.
