Ratifican condena a 8 años contra Correa y lo inhabilitan a cargos políticos

Cuestiona que los jueces aceptaran el recurso de casación de Pamela Martínez, cuya sentencia se redujo por acusarlo

La sentencia a 8 años de prisión en contra del expresidente de Ecuador, Rafael Correa y otros exfuncionarios más procesados por  cohecho agravado como parte de la causa denominada «Sobornos 2012-2016», fue ratificada este 7 de septiembre por el  Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) con 2 votos a favor y 1 en contra.

Con este fallo, Correa queda inhabilitado por 25 años para ejercer cargos políticos, rompiendo sus planes de participar en los comicios del próximo año como postulante a la vicepresidencia.

A Correa y al expresidente Jorge Glas, se les da la misma sentencia por ser presuntos autores mediatos por instigación, al igual que Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Viviana Bonilla y  Christian Viteri por coautores.

Pamela Martínez, es condenada a 9 meses y 22 días por ser coautora; Laura Terán, 3 meses y 6 días por cómplice; Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Rafael Córdova, Ramiro Galarza, Edgar Salas, Pedro Verduga, Bolívar Sánchez, William Philips,Teodoro Calle y Mateo Choi a 8 años por autores directos.

El conjuez, Lauro de la Cadena, quien preside el CNJ decidió ratificar la sentencia de segunda instancia, mientras que su homólogo Milton Ávila no estuvo de acuerdo con 2 puntos.

Consideró que la sentencia debía ser de 6 años para los autores y 3 para los cómplices, mientras que  Viteri y  Bonilla, debieron ser declaradas inocentes porque presuntamente recibieron dinero del cohecho luego de la ejecución del delito.

Correa cuestionó que los jueces aceptaran el recurso de casación de la exasesora presidencial y principal involucrada en el caso, Pamela Martínez, cuya condena se redujo por acusarlo.

El pasado marzo, el expresidente fue condenado a 8 años  tras ser acusado de financiar las actividades de su partido Alianza PAÍS con recursos de empresarios contratistas estatales, como la firma brasileña Odebrecht que está envuelta en otras causas judiciales.

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