El objetivo es reconocer la trayectoria laboral de los funcionarios de cara al VII Concurso Público de Credenciales y de Oposición
El Ministerio Público (MP) lanzó este 21 de octubre el Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos.
Durante una rueda de prensa, el fiscal general de la República, Tarek William Saad, explicó que el «plan deriva de la necesidad que tienen los representantes fiscales de ejercer plenamente sus funciones y contar con la garantía constitucional de su estabilidad laboral».
«Este plan tiene como objeto reconocer la trayectoria laboral de los fiscales provisorios del MP -y nos hemos apoyado en la Escuela Nacional de Fiscales- quienes previo cumplimiento de los requisitos básicos, tales como haber ejercido el cargo de forma ininterrumpida por un tiempo mínimo de 4 años, podrán aspirar a la titularidad del mismo», aseguró.
Indicó que a través de este «proceso se fija el punto de partida para conocer la condición psicológica, intelectual y profesional de todo fiscal provisorio que cumpliendo con los requisitos, desee obtener la titularidad del cargo que desempeña».
«Este plan especial no pretende obviar la necesidad del concurso público y de oposición, por el contrario, tiene como finalidad proveer las condiciones necesarias para la realización, próximamente del VII Concurso Público de Credenciales y de Oposición del MP», agregó.
Precisó que en el concurso, los fiscales provisorios serán «evaluados por un comité constituido en la Fundación Escuela Nacional de Fiscales que tendrá la labor de determinar la idoneidad y capacidad de ese funcionario para la titularidad del cargo que pretende».
Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: Tener nacionalidad venezolana; ser mayor de 25 años; ser abogado o abogada; ser de notoria buena conducta y de reconocida solvencia moral; estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no estar inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función pública; no haber sido objeto de sanción penal por decisión definitivamente firme por la comisión de un delito; no haber sido objeto de sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de funciones en los 5 años previos o haber sido destituido; y haber cursado estudios de especialización en una universidad debidamente acreditada.