Funcionarios españoles solicitan proteger al personal de la embajada en Venezuela

noticiascaracas.com

Se exige que se les facilite el tránsito y la celeridad en las gestiones a todos los trabajadores públicos que sean de nacionalidad española

Los funcionarios españoles, representados por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), el mayor sindicato de estos empleados en la nación, advirtieron este jueves sobre la “situación de vulnerabilidad” en la que se encuentra el personal de la embajada de España en Venezuela y solicitaron al Ministerio español de Asuntos Exteriores que garantice su seguridad, informó EFE.

Específicamente, el CSIF pidió al Ministerio que se garantice la seguridad de todo el personal a través de la extensión del pasaporte diplomático, el cual asegura la invulnerabilidad, y el pasaporte de servicio, que certifica la pertenencia a una embajada.

También se exige que se les facilite el tránsito y la celeridad en las gestiones a todos los trabajadores públicos que sean de nacionalidad española, así lo indicó el CSIF  en un comunicado.

Esos documentos deberán ampliarse igualmente al cónyuge del trabajador y a sus hijos menores de edad con el objetivo “de blindar su protección y libertad de movimientos”, destacó el comunicado.

Leopoldo López

El CSIF ha realizado esta solicitud luego de que el personal de la embajada de España en Caracas haya sido acosado por las fuerzas de seguridad de la administración gubernamental de Nicolás Maduro después de la salida del país del líder opositor Leopoldo López, quien estaba hospedado en el domicilio del embajador de España desde el 30 de abril de 2019, una fecha en la que abandonó el arresto domiciliario en el que se encontraba, para unirse a un intento de levantamiento militar que terminó fracasando.

Luego de la noticia de la salida de López del país resultaron detenidos un vigilante privado de la embajada y una empleada, además, se allanaron las residencias de varios trabajadores adscritos a la legación diplomática, una acción considerada por España como un claro “incumplimiento” de las obligaciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

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