El acusado por EEUU por tráfico de drogas, sigue haciendo todo lo posible en España para evitar su extradición
El exjefe de contrainteligencia, Hugo “El Pollo” Carvajal, compareció este 27 de octubre ante el juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón para aportar más pruebas sobre el presunto financiamiento del partido Podemos con recursos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según reseñó EFE, el solicitado por la justicia estadounidense hizo referencia a antiguos dirigentes de la tolda política de izquierda como receptores de supuestos pagos durante la gestión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
El caso que data de 2016 y fue archivado, se reabrió la semana pasada luego de que “El Pollo” hiciera acusaciones contra Podemos.
Carvajal, se comprometió a seguir aportando documentación a medida que le vaya llegando, teniendo en cuenta que está preso en Madrid, luego de casi dos años prófugo de la justicia.
El Tribunal Supremo (TS) desestimó este 26 de octubre el recurso de “El Pollo” contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 3 de marzo de 2020 por el que se aprobó su entrega a Estados Unidos (EEUU).
Para entonces alegó que de ser puesto a disposición de EEUU, sería sometido a «torturas» para «obtener información sobre el régimen imperante en la República Bolivariana de Venezuela».
Manifestó que Washington cree «erróneamente» que formó parte del «entorno cercano» del expresidente Hugo Chávez y del actual mandatario, Nicolás Maduro.
La justicia española, rechazó el pasado 21 de octubre suspender o posponer su extradición a EEUU.
Para la Sala Penal, la decisión de «El Pollo» de colaborar ahora con la justicia no es más que «una estrategia dilatoria» y su posición como testigo, «no es causa de suspensión de la entrega» porque la declaración puede realizarse desde EEUU.
Se tenía previsto que España extraditará el pasado 23 de octubre a Carvajal, donde enfrenta cargos por presunto tráfico de drogas.
En concreto, tiene casos abiertos en Nueva York y Florida, uno por presunto tráfico de cocaína a territorio estadounidense en 2008 y otro por relación con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Hecho por el que fue sancionado por el Departamento del Tesoro.